El fundamentalismo de la mayoría de congresistas del Parlamento peruano impidió anoche el reconocimiento de la ciudadanía y derechos de la población no heterosexual al dejarla desprotegida frente a la violencia a la que se encuentra expuesta y que en su grado extremo llega a los denominados crímenes de odio.
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| Fotografía: Mary Vargas |
El pleno del legislativo debatió durante más de tres horas el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que incluía a la orientación sexual e identidad de género como agravantes en los delitos de discriminación al igual que la religión, raza, sexo, entre otros.
Sin embargo la propuesta fue rechazada por 56 votos. Solo 27 congresistas aprobaron esta modificación al Código Penal mientras que 17 prácticamente se lavaron las manos al abstenerse.
Esta decisión fue enfáticamente rechazada por la Alianza Perú de la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, cuyas organizaciones integrantes manifestaron su indignación y repudio ante esta muestra de irrespeto del Parlamento nacional al carácter laico del Estado y la normatividad vigente tanto nacional como internacional.
La Alianza Perú la conforman el Centro Flora Tristán, DEMUS, Kolectiva de Rebeldías Lésbicas, Milenia Comunicaciones, CLADEM Perú, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas y Perú Afro.
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| Fotografía: Mary Vargas |
Pese a que en el debate se argumentó sobre el carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de la OEA y de Naciones Unidas, y la obligación de legislar tomando en cuenta su contenido, la mayoría optó por sus confesiones religiosas, mellando con ello la imagen internacional del Estado peruano y sobre todo excluyendo a diversos sectores de la población.
El congresista Julio Rosas, pastor evangélico integrante de la bancada fujimorista, sostuvo que la defensa de los derechos humanos no se da en base a la atracción sexual, mientras Humberto Lay, también pastor evangélico del grupo político Restauración Nacional, afirmó que no se necesita legislar sobre la orientación sexual.
El legislador Jorge Bruce recordó al pleno que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala (jueza chilena a quien se le quitó la custodia de sus hijas por ser lesbiana) establece que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Esta sentencia es vinculante y de obligatorio cumplimiento”, remarcó.
Pero como en la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, de nada valdrían las argumentaciones jurídicas. El Congreso siguió con su aplanadora antiderechos arrasando esta vez con el reconocimiento y respeto de los que corresponden la población LGTBI, a lesbianas, gays, personas trans y bisexuales.
Lima 5 de julio 2013
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